(Artículo de Carlos Martínez Camarero y Alfonso Ríos Velada, Responsable Confederal del Departamento de Medio Ambiente de CCOO y Responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Euskadi, respectivamente.)

Construir una incineradora para tratar el 70% de los residuos de Gipuzkoa hipoteca por muchos años las posibilidades de avanzar en tasas de reciclaje, dada la garantía que se impone por contrato para abastecer de basura a la empresa titular de la instalación

En los últimos años la gestión de los residuos urbanos en el Estado español ha empeorado considerablemente. Aunque la generación de residuos ha disminuido por efecto de la caída de la producción y del consumo, el reciclaje de materiales ha disminuido o se ha estancado y, ante la dificultad a la hora de gestionar la parte de la basura no reciclada, muchas administraciones locales y autonómicas tienen la tentación de optar por la incineración.

Paralelamente, el Gobierno central ha modificado la ley de residuos para desmontar y dificultar la posibilidad de implantar sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para ciertos tipos de envases que incrementaría las tasas de recuperación, y ha evitado el establecimiento de objetivos y medidas de recogida de materia orgánica. El sistema SDDR consiste en pagar una cantidad por ciertos envases, sobre todo de bebidas, que luego se devuelve al consumidor en el establecimiento o en máquinas especiales.

En este contexto, en algunas zonas de Catalunya y Euskadi se ha avanzado considerablemente en modelos de gestión que apuestan por la recuperación de los materiales de la basura con formas de recogida selectiva que incluyen la materia orgánica y que se basan en el sistema «puerta a puerta».

El éxito del sistema en algunos municipios de Gipuzkoa con el puerta a puerta es incontestable: 85% de recuperación frente a un 28-30% en otros similares de la zona. Los costes económicos de un modelo basado en este sistema (estimado en 187 millones de euros) respecto de lo que supondría el basado en el proyecto de la incineradora de Zubieta (400 millones) tampoco resisten una comparación objetiva y desapasionada.

Además, construir una incineradora para tratar el 70% de los residuos de Gipuzkoa hipoteca por muchos años las posibilidades de avanzar en tasas de reciclaje, dada la garantía que se impone por contrato para abastecer de basura a la empresa titular de la instalación. El ejemplo reciente de Palma de Mallorca, cuyos ciudadanos pagan casualmente la tasa de basuras más alta del Estado, importando residuos desde Catalunya para usar como combustible en su planta incineradora ilustra ese condicionante y ese despropósito. En Europa el transporte internacional de residuos se está incrementando precisamente por la sobrecapacidad de incineración que tienen Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido debido a sus aceptables tasas de reciclaje que les obliga a importar basura. Esta situación contradice el principio de proximidad en la gestión e incrementa el transporte y las emisiones de CO2.

Para CCOO, las políticas más avanzadas en gestión de residuos generan más empleo que los modelos imperantes actualmente en el Estado español, basados estos más en la recuperación escasa que proporcionan los actuales Sistemas Integrados de Gestión y en el vertido y la incineración. Además, las políticas de recortes impuestas en numerosos ayuntamientos y diputaciones han disminuido los servicios de recogida y de gestión de los residuos municipales, lo que hace que no sólo no se genere empleo, sino que el empleo existente en el sector, que está cercano a los 140.000 trabajadores, puede sufrir miles de despidos en los próximos meses. Como sucede con los incendios forestales, con la gestión del agua o con las energías renovables, la falta de adecuadas políticas ambientales por parte de las administraciones hace perder empleo al mismo tiempo que se deteriora el medio ambiente.

En cualquier caso, la implantación de los sistemas municipales de puerta a puerta debe incorporar a los trabajadores empleados en el sistema tradicional, subrogando sus contratos y evitando que el cambio de sistema produzca despidos.

Hace solo unos meses, el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, declaró que el Estado español podría crear más de 54.000 empleos solo con aplicar la legislación vigente en el sector del reciclaje. Por ejemplo, si se favoreciera la recogida generalizada de materia orgánica para producir compost para la agricultura. Un estudio de ISTAS-CCOO de 2011 calculó que si se implantara el sistema SDDR para algunos tipos de envases de bebidas, se podrían crear unos 14.000 empleos.

En el debate sobre la gestión de residuos en Euskadi hay que considerar todos estos factores y evitar que prejuicios políticos impidan generalizar soluciones que son más adecuadas desde el punto de vista del coste económico, del medio ambiente (menos emisiones de CO2, menos contaminantes de la combustión de incineración y más recuperación de materiales para el ciclo productivo agrícola e industrial) y de la creación de empleo.